La responsabilidad de los administradores tras la crisis sanitaria

Es una realidad que muchas sociedades van a tener que enfrentarse a situaciones financieras delicadas, pérdidas y desequilibrios patrimoniales provocados por el COVID-19, cuya gestión se convierte en un reto para sus administradores

 

La realidad es que muchas sociedades se van a ver enfrentadas a situaciones muy delicadas, desde el punto de vista financiero, como laboral o social (frente a sus socios) por lo que conviene analizar la responsabilidad de los administradores sociales, tanto desde el punto de vista del ámbito societario como del concursal.

A.- En el ámbito societario, el régimen de responsabilidad de los administradores se puede analizar desde sus dos perspectivas:

  1. La responsabilidadpor deudas sociales, que es la responsabilidad en la que incurren los administradores por no convocar junta general de socios en el plazo de dos meses para que sean adoptados los acuerdos necesarios como la disolución de la sociedad, en caso de que la misma esté incursa en causa de disolución legal, o bien al concurso de acreedores, si se encontrase en una situación de insolvencia.

 

Esto ha estado matizado durante el Estado de Alarma por el Real Decreto Ley 8/2020, que suspendió la obligación de convocar junta general y además si la causa de disolución habiese recaido durante la vigencia del estado de alarmaa, los administradores no responderán de las deudas contraídas en ese períodol. De alguna manera el legislador ha querido evitar una responsabilidad por deudas de los administradores sociales por una situación que no obedecía en absoluto a su diligencia para administrar, siendo así que no se les podría penalizar por algo que no han hecho y que no podían hacer de otra forma debido a la situación especial ocasionada por el coronavirus.

 

Ello no obsta a que los administradores cumplan con su obligación de convocatoria de junta general si hay causa de disolución una vez acabado el estado de alarma. Si bien en este caso también existe una especialidad, ya que para determinar la causa de disolución por pérdidas, no se podrán computar las pérdidas del ejercicio 2020 (RDL 16/2020). De esta forma se evita que los administradores tengan responsabilidad por deudas contraídas durante 2020. Pero en 2021 rige el principio general y por tanto de persistir la causa si estarán obligados a convocar la junta general para disolver con la responsabilidad por deudas en su actuación.

  1. La responsabilidad por daños, en el caso de que la actuación del administrador cause un daño a la sociedad, a los socios o a acreedores.

Este tipo de responsabilidad deviene del deber de diligencia de los administradores. ¿Pero qué pasa ante una situación tan extraordinaria, imprevisible y sin precedentes como la que ha traido el Covid-19? Realmente será bastante complejo poder declarar tal responsabilidad como se venía haciendo habitualmente. Habrá que tener presentes los principios de discrecionalidad empresarial, con los matices de haber actuado de buena fe, usando la información suficiente que tuviese en dicho momento y siguiendo los procesos de formación de voluntad que estaban establecidos en la sociedad. Con ello se podrá valorar si realmente existe o no responsabilidad por daños en la actuación de los administradores sociales.

B.- En el ámbito concursal, el régimen de responsabilidad de los administradores se puede analizar desde sus obligaciones con respecto al concurso

  1. La responsabilidad en relación con la solicitud tardía del concurso de acreedores, ha quedado suspendida al menos hasta 31 de diciembre de 2020, puesto que se suspendió el deber de solicitar concurso hasta dicha fecha por el RDL 16/2020.

2. Otro aspecto tiene que ver con el cumplimiento de convenio, y para ello el mismo RDL 16/2020 plantea la posibilidad de modificar el convenio alcanzado, adaptando las quitas y esperas a la actual situación, y todo ello para evitar la liquidación de la sociedad y mantener la actividad empresarial y los puestos de trabajo.

Con ello se consigue al menos retrasar el posible incumplimiento del convenio al haber cambiado drásticamente las condiciones de la sociedad, y con también da esperanzas a cumplir el convenio ya modificado y adaptado, evitando una calificación de la actuación de los administradores.

Con ello lo normal es que los administradores en fase de cumplimiento de convenio se encuentren en verdaderas dificultades para cumplir con lo convenido, por lo que una modificación del convenio, salva el propio convenio y por supuesto la responsabilidad de los administradores. Esta modificación se puede presentar durante el año siguiente a contar desde la fecha en que quedó sin efecto el estado de alarma.

El hecho de que el Covid-19 haya irrumpido de esta forma en la vida de las sociedades, y que se adopten medidas especiales respecto a las obligaciones de los administradores, no puede entenderse como que este año no existe responsabilidad por sus actos, es simplemente que la misma puede estar matizada respecto a lo que estábamos acostumbrados.
Rafael Bravo
Abogado. DPD

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *